Hoy os quiero hablar de tres conceptos que sirven para interpretar la realidad en la que se desenvuelven las y los profesionales de los servicios sociales, fundamentalmente trabajadoras y trabajadores sociales que, en su potestad prescriptora de recursos, tratan de gestionar la adquisición de determinadas ayudas o servicios, y encuentran la imposibilidad de acceder a ellos en un tiempo razonable.

Estos tres conceptos son: la priorización de recursos, el racionamiento y la futilidad,  y se relacionan directamente con un contexto de crisis económica y con la gestión de la escasez, lo que golpea de manera contundente y directa a los servicios públicos.

La pandemia del Covid19 ha mostrado las debilidades del sistema sanitario y social para hacer frente al bienestar de la población, que es el bien último que persiguen todas las sociedades democráticas. Y estas debilidades tienen sus orígenes en las decisiones políticas y económicas que se han venido tomando a lo largo de décadas, en las que se ha privilegiado el apoyo al libre mercado, basado en criterios de eficiencia económica, en detrimento de la defensa de lo público y, en consecuencia, del bienestar de la población.

Lo público, ese sector tan valorado desde todos los estamentos de la sociedad -o al menos eso se desprende de los discursos ideológicos de las diferentes agrupaciones políticas-, pero sin una dotación suficiente que favorezca proporcionar una atención de calidad, en tiempo y forma, es decir, sin el establecimiento de cortapisas en el acceso a sus servicios.

Las políticas de austeridad se amparan en argumentos de precariedad económica, y abocan al mal uso o abuso de los servicios básicos existentes, ya que –ante la carencia de una atención especializada- aumentan las peticiones de ayuda en los servicios de atención primaria del Sistema, y esto favorece que la atención de situaciones de mayor complejidad fracase por completo, por no hablar del agotamiento de los y las profesionales, y del exterminio de la actividad preventiva.

Las figuras políticas del momento, así como diferentes personas expertas en economía, advierten que la crisis que se nos avecina a raíz del Covid19 nada tiene que ver con las anteriores, por tanto, todo apunta a que vamos a entrar –no en desaceleración– eufemismo utilizado en la crisis financiera del 2008, sino que entramos de lleno en un punto muerto (…).

– Ojalá me equivoque. 

Recientemente he asistido a un webinar sobre Bioética y Covid19, organizado por la Fundación Grifols, en el que ha participado Ángel Puyol, miembro del Comité de Bioética de Cataluña.  Me ha resultado de especial interés su análisis sobre las precariedades del sistema sanitario, y cómo ello ha empujado a los y las profesionales hacia la toma de decisiones funestas, en las que la escasez de respiradores en las UCIs, ha obligado a establecer criterios éticos para distribuirlos de manera objetiva, por ejemplo, en función del mejor pronóstico y en función de la edad.

Cuando se plantea la cuestión de a quién dar primero un recurso limitado, lo que se está haciendo es establecer mecanismos para priorizar los tiempos de acceso; pero hay veces que se hace algo más que priorizar, aunque no seamos conscientes, y es que se cae en políticas de racionamiento de los servicios públicos, en tanto dejan fuera de su paraguas de asistencia a determinados grupos de población. Es conveniente conocer ambas realidades de ordenación de las políticas sociales (priorización y racionamiento), para no llevarnos a engaños y para nombrar las situaciones oportunamente, huyendo de la ceguera tecnocrática y tomando con fuerza la enorme responsabilidad que esto conlleva.

Las personas que trabajamos en servicios sociales sabemos muy bien lo que son las listas de espera, pues llegaron en 2008 para quedarse. Sin ir más lejos, la cobertura que ofrece el Sistema de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia en España, lleva algunos años presentando graves dificultades para resolver en tiempo y forma, y la demanda no deja de aumentar… tal como muestran los Dictámenes del Observatorio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Por ejemplo, se dilatan mucho los plazos para acceder a una residencia para personas mayores, o a una residencia para personas con discapacidad, o una residencia para personas con trastorno mental grave…, pero también para acceder a un servicio de ayuda a domicilio, o a un centro de día. De este modo, se puede manifestar que muchas veces las ayudas llegan tarde, e incluso muchas veces no llegan… no llegan a tiempo.

Cuando hablamos de PRIORIZAR, nos estamos refiriendo a elegir a quién damos primero un recurso escaso, en función de una serie de criterios de gravedad o urgencia, y se materializa a través de la creación de unas listas de espera que sitúan a las personas siguiendo un orden de prelación determinado por sus circunstancias, y los baremos de urgencia definidos.

La característica fundamental de las listas de espera, es que ralentizan el acceso a los recursos, pero esta lentitud no puede ser prolongada, sin un tope máximo, a lo largo de los años (…), pues si no se responde a una necesidad en un tiempo razonable, lo que se está haciendo es excluir, pero sin decir, para no generar alarma social. Si estás en una lista de espera por motivos de priorización, has de tener cierta expectativa de que en un tiempo razonable accederás a esa ayuda (…). Si no existe esa expectativa, cabe la posibilidad de que estés excluida y no lo sepas; excluida a efectos prácticos, es decir, nunca te llegará esa ayuda que tanto necesitas porque siempre estarás en los puestos más bajos de la lista. 

Cuando hablamos de RACIONAR nos estamos refiriendo a otra cosa distinta de la priorización; en este caso, hay criterios de acceso a los recursos que directamente excluyen a determinadas personas, es decir, o no le permiten pasar a lista de espera, o las posibilidades –aun estando en lista de espera- de acceder a un recurso en un tiempo razonable, son tan escasas, que no se puede hablar de que verdaderamente estén ocupando un lugar en esa lista de espera, ya que nunca se moverán de los puestos más bajos y siempre llegarán casos de mayor gravedad que superarán puestos en esa lista (…). Por tanto, racionar es excluir de manera definitiva a una persona que requiere un recurso que verdaderamente necesita, y seguramente no lo va a recibir en su vida, y todas las personas involucradas en este tipo de decisiones lo saben, de modo que se enfrentan a un tipo de elección moral que, en palabras de Ángel Puyol, “más que una elección difícil, es una elección trágica”.

Hay un eufemismo que se utiliza mucho en el lenguaje político y administrativo para hablar de racionamiento, que se llama racionalización. El término racionalización se vincula a la eficiencia económica, pero no es más que una palabra para aludir a la instauración de muy difíciles requisitos de acceso a los bienes y servicios, que dejan literalmente fuera a muchas personas, aunque esto no se haga explícito, pero todas las personas involucradas en la gestión del acceso a ellos, en el fondo lo saben.

Siguiendo a Ángel Puyol, las elecciones trágicas, no se pueden esconder detrás de un criterio técnico/profesional, ya que este criterio puede excluir a una persona del acceso a un recurso cuando ya no lo necesita, aunque sea importante ese recurso; pero si aun no necesitando una persona un recurso, se lo sigues administrando porque no hay otro que necesita mucho más, caemos en lo que se denomina FUTILIDAD.

Un ejemplo de esta situación de futilidad es el de una persona en situación de dependencia que necesita ingresar en un recurso de Casa Hogar (residencial), pero no hay plazas y la lista de espera es considerable… Dado que en su contexto familiar no puede residir esta persona por diferentes problemas, se la ingresa en un dispositivo sanitario de media estancia, en el que vive. Es decir, vive en un hospital porque no puede volver a su entorno, y tampoco la pueden dejar en la calle por su vulnerabilidad, por tanto, va a ocupar una plaza hospitalaria hasta que pueda ingresar en un recurso de Casa Hogar…, y pueden pasar meses, e incluso años, para que esto suceda.

Desde este enfoque, le vas a seguir ofreciendo un recurso importante a una persona que ya no lo necesita, el dispositivo sanitario en este caso, y además no reúne criterios para ser beneficiaria de este dispositivo (quizá porque ya se han conseguido los objetivos clínicos, o quizá porque su perfil o pronóstico ya no le permite avanzar más), pero se le va a permitir continuar disfrutando de él porque necesita un recurso social –un residencial de 24 horas- y por el momento no hay vacantes y hay otras muchas personas que están por delante en la lista de espera. Por tanto, esta persona ya no aprovechará los beneficios de ese dispositivo sanitario, pero sin embargo dejará fuera de este dispositivo a otra persona que está esperando en una lista de espera para acceder a él. A esto llamamos futilidad.

Estas tres situaciones: priorización, racionamiento y futilidad se dan en los servicios sanitarios y en los servicios sociales, de manera que a nadie debe sorprender estas definiciones, aunque no es lo mismo verlo bien definido en el papel o en la pantalla, que verte envuelta o envuelto en este tipo de situaciones mientras trabajas a toda prisa por atender un gran volumen de necesidades y de personas.

Desde el punto de vista ético, es necesario plantearse cómo hemos podido llegar hasta aquí, hasta este tipo de situaciones de precariedad en el acceso a los servicios públicos, y qué podemos hacer para mejorar esta situación a lo largo de un plazo determinado de tiempo. Y también es necesario plantearse por qué esta situación está más o menos aceptada, tanto por las personas con responsabilidades políticas, como por las personas que ostentan puestos de gestión y de intervención/atención directa hacia la ciudadanía…, ¿cuál es el precio?, ¿cuál es el coste moral de este consenso silencioso?

Inmaculada Asensio Fernández